Vengo repitiendo de forma constante e insistente —aún me quedan fuerzas— desde hace ya demasiado tiempo que los profesionales libres —menuda hipocresía que se nos denomine así— que se dedican a profesiones de carácter técnico están cada vez más denostados hundiéndose en la pirámide laboral a cotas absolutamente denigrantes. El servilismo al que nos vemos sometidos, la reducción exponencial de la remuneración junto con el incremento, igualmente exponencial, de los servicios exigidos, la mayor parte de ellos de carácter administrativo y, por descontado, no remunerados, añadido todo ello a la presión fiscal que sobre nosotros recae —lo que hace de nosotros unos grandes y estúpidos patriotas, a pesar de que no portemos banderitas—, y unido a la depreciación permanente y escalada de los servicios que ofrecemos para los que en su momento nos preparamos con tesón, haciendo primar el precio frente a la excelencia, como parte de un concierto perfectamente orquestado que nos convierte en una nueva clase esclavizada, comienza a hacerse absolutamente insostenible.
Primer aviso: es absolutamente insostenible. Segundo aviso —espero que no quede solo en un deseo, salvo que se resuelva—: explotará.
La ventaja que tienen los sectores que controlan estas profesiones libres desde estancias superiores, tanto los públicos como los privados, es la falta de solidaridad y la ausencia de conciencia grupal que existe entre los profesionales libres de estas ramas técnicas. Estas dolorosas carencias no responden a personalidades desalmadas de todos estos profesionales, ni muchísimo menos. Se trata de una imposibilidad manifiesta de poder responder de forma contundente, conjunta y expeditiva ante las barbaridades que venimos sufriendo de forma sistemática porque, como bien he expresado, nos han transformado en una clase esclavizada y, como es sabido, una de las características que mejor describe a los esclavos a lo largo de la historia es su falta de libertad. No piensen que recurriré a la demagogia o al populismo barato tan en boga entre la clase política actual para aclarar este concepto que puede sonar histriónico. No, sencillamente pasaré a exponer cómo es posible que en la sociedad del siglo xxi exista un sector esclavizado —y ojo, soy consciente de que no es el único—. La explicación es bien sencilla y tiene una doble vertiente. El profesional libre, hoy en día, se prostituye profesionalmente para sobrevivir. Un profesional libre debe buscarse la vida en la calle buscando servicios que le permitan prorrogar el sufrimiento porque no existen contratos bien valorados. Es una lástima porque estos contratos los presupuestan técnicos compañeros —muchos de ellos funcionarios cuando se trata del sector público— y lo normal es que se fomente la baja sobre unos honorarios ya de por sí reducidos; en otras ocasiones somos nosotros mismos los que nos vemos obligados a reducir, reducir y reducir los honorarios como consecuencia de un mercado liberalizado sin ningún tipo de control o referencia en el que el límite de nuestra dignidad lo pone el hambre. Este es el aterrador escenario. La consecuencia es que el profesional libre debe trabajar y trabajar y trabajar por unos honorarios irrisorios para poder subsistir. Aquí está la más que evidente falta de libertad. La esclavitud de los profesionales libres no es fruto de cadenas de hierro, es consecuencia del expolio de tiempo al que nos vemos sometidos para sobrevivir. Así pues, sí, somos esclavos. Y es precisamente esta falta de tiempo la que nos impide conformar un gremio que potencialmente tendría un poder abismal con el que se pondría en grave apuro a muchos sectores productivos de la sociedad, pero no hemos sido capaces, no nos han dejado, organizarnos. Por descontado los Colegios Profesionales no son, hoy en día, tal y como están configurados, la solución. Por mucho empeño que pongan, no lograrán resolver esta situación —ya hablé en su momento del origen de los colegios y su función—. La solución pasa por una agrupación fuerte y solidaria capaz de presionar y movilizar. No es fácil, lo sé, ahora somos esclavos, pero no veo otra salida, salvo que se legisle a favor de la excelencia, se conciencie a la sociedad y se regularice algo el mercado. Poco importa si el nombre bajo el que se nos acoge es el de Colegio Profesional o el de Asociación o el de Sindicato Profesional. Tanto da, mientras que se tenga claro que el objetivo es lograr un escenario de mínima decencia para los profesionales libres de perfil técnico en el que no se vean obligados a denigrarse, a superar los límites de su dignidad y se impida la competencia impía como consecuencia de las subastas en las que se han convertido los contratos actualmente. Hay mucho que hacer, mucho, muchísimo y sintiéndolo mucho, la “Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura”, que invito a todos a leer —será una lectura breve porque es muy cortita—, se queda muy lejos, pero mucho, de alcanzar siquiera parcialmente alguno de los objetivos indicados. Sirva como referencia a esta cuestión las escasas cuatro modificaciones que esta Ley hace a la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”. Esta última es la que regula los contratos con las administraciones públicas y tiene 347 artículos, un sinfín de disposiciones adicionales y un montón de anexos, tantos como para aburrir. Y queremos cambiar algo con cuatro parrafitos reflejados en una escueta Ley de Calidad de Arquitectura. Por favor, no nos tomen por estúpidos, al menos, no más de lo que hasta ahora viene ocurriendo. Sin embargo, reconozco que antes o después —según indica la Ley de Calidad de Arquitectura— tendremos una Casa de la Arquitectura. Tal vez deberíamos ir pensando en tener una casa —de acogida— para los Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros… Si seguimos por este camino, la vamos a necesitar. Llegados a este punto no puedo más que recordar una de mis peticiones más recurrentes de cara a las licitaciones y concursos que promulgan las administraciones: debería ser obligatorio —póngase para marcar en una casilla junto con las terribles exigencias de solvencia tan “necesarias”— que se publicasen de forma abierta y transparente —preciosa palabra— tanto las propuestas de los licitadores como los informes de valoración hechos por los técnicos con sus firmas y titulaciones correspondientes.
Además, es curioso comprobar cómo se viene produciendo una transferencia de responsabilidades, absolutamente vergonzosa, tanto desde lo privado como desde lo público —que tiene, si cabe, más delito— hacia los profesionales libres que, lejos de ser pagada, reflejan con claridad quién es el eslabón más débil de la cadena productiva de este sector, puesto que debemos hacer cuantas gestiones se nos pidan sin remuneración y, encima, poniendo cara circunspecta para no mostrar nuestro desacuerdo por si en el futuro —incierto— no nos tienen en cuenta para un contrato menor que nos seguirá esclavizando. Cada vez se nos exige más por menos y no son solo exigencias de carácter técnico, sino de carácter administrativo: llame usted al Ayuntamiento, envíe usted este escrito, haga usted aquellas gestiones —al menos, el trato de usted y consecuentemente la educación, no parece que se haya perdido por el momento, aunque, a duras penas, resuelto el problema, se llega a recibir un sencillo agradecimiento—. Es un sinsentido que provoca una agonía mayor para ese proceso de esclavización al que nos someten sistemáticamente, y para muestra un ejemplo:
Las obras hoy en día, en términos generales, están paralizadas en su mayoría al no poder afrontar las contratas las subidas de precios consecuencia de quién sabe bien qué cantidad de acontecimientos apocalípticos acontecen en la actualidad. Esta paralización les afecta en mayor o menor grado, aunque los gastos generales en estas obras se han reducido sustancialmente porque se han abandonado. Para los técnicos libres, responsables de estas obras —literalmente en el caso de ciertas administraciones—, los gastos siguen existiendo, pues, en general, deben seguir presentando informes y actas del estado de estas, pero eso no parece que preocupe a nadie. Pues bien, el Gobierno de España, presionado por los poderosos “lobbies” de la construcción, ahora los llaman “clusters”—ojalá existiera un lobby de técnicos libres, aunque yo le pondría otro nombre…—, haciendo un esfuerzo por ayudar a estas empresas que pertenecen al mismo sector productivo que los profesionales libres que las proyectan y las dirigen, promulga el “Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras”. Es precisamente su TÍTULO II, de “Medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público” el que refleja esta voluntad de echar una mano a las empresas constructoras que lo están pasando mal. También las comunidades autónomas, siguiendo ese mismo ánimo y respondiendo a las mismas presiones, buscan solventar al menos parcialmente, un escenario tan catastrófico como el actual. Tal es el caso de la “Disposición adicional decimoquinta. Medidas aplicables a los casos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública” de la “Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022”. Gran iniciativa, de agradecer, pero parece que la Administración olvida algo —bien pensaremos que no es de forma intencionada—. ¿Quién será el que haga esa revisión de precios o asuma la responsabilidad de acreditarla y certificarla? La respuesta es obvia: los técnicos que ha contratado para la dirección de dichas obras. ¿Debemos hacer ese trabajo de forma gratuita? ¿Por qué? Qué fácil lo habría tenido la Administración añadiendo un artículo más o una disposición adicional más en la que se indicase que los técnicos responsables de dichas obras percibirán la misma cuantía porcentualmente incrementada en sus honorarios que el aumento que suponga la revisión de precios. No se ha hecho. ¿Quieren saber por qué? Porque nos han convertido en sus esclavos y a los esclavos no se les paga.
Foto de Andrea Piacquadio en Pexels
En Mérida a 16 de julio de 2022.
Rubén Cabecera Soriano.
@EnCabecera
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