Por si a alguien le quedaba alguna duda a estas alturas del relato, aclarar que el período de tiempo que se da para presentar la oferta en modo alguno es proporcional al trabajo requerido y cuando hay correspondencia entre estos parámetros suele ser porque inercialmente la Administración viene dando siempre el mismo plazo para la entrega de las proposiciones. Alguien dentro de la Administración debería caer en la cuenta de que en el mundo exterior, me refiero al que se encuentra al otro lado de la Administración y en el que nos encontramos la mayoría, por ahora, —siempre puede haber algún gobierno que prometa cientos de miles de plazas adicionales que estrangulen de forma terminal el sistema—, la gente no puede estar pendiente de tal o cual licitación en la que se dan quince o en el mejor de los casos treinta días para presentar las propuestas. Las personas, los equipos, las empresas, especialmente las prestadoras de servicios cuyos servicios, valga la redundancia, el mercado viene infravalorando gracias, entre otras cosas a las bajas requeridas por la Ley de Contratos, deben buscarse la vida, hasta debajo de las piedras, y eso conlleva una pelea constante e incansable, si no se quiere quebrar, que difícilmente puede compatibilizarse, desde un punto de vista organizativo, con paralizar el trabajo ordinario para optar a una licitación, que obviamente no asegura nada, excepto gasto y extenuación, compitiendo con diez, veinte o treinta equipos cuya dignidad está puesta en entredicho por el hambre. Hay que tener en cuenta que posteriormente el plazo para resolver por parte de la Administración puede alargarse hasta límites increíbles como indicaré más adelante. Esto, ya que me piden soluciones, se podría resolver con una multa a la Administración si se produce esa demora que debería ser sufragada por los responsables y su equipo, pues en caso contrario terminaría pagándolo yo mismo y no parece sensato ya que no es mía esa responsabilidad. Muchos clamarán al cielo porque verán esta propuesta desmedida y lo entiendo, pero tampoco es coherente obligar a hacer un esfuerzo ímprobo para presentar una propuesta en un plazo ridículo y, además, en la Administración debería caerse en la cuenta de que el desempeño y cumplimiento de las obligaciones laborales es una responsabilidad inalienable. Cuidado, no pretendo demonizar a la Administración y menos aún a sus funcionarios, entre los que tengo el gusto de conocer a muchos que son absolutamente intachables y responsables trabajadores, pero la maquinaria administrativa es descomunal al tiempo que muy lineal en su concepción y planteamiento —solo hay que mirar los organigramas funcionales para comprenderlo— y el fallo de un único engranaje provoca el fiasco de todo el sistema y la consecuente la repercusión en los administrados.
Esto del plazo, por motivos que escapan a mi comprensión, es siempre muy reducido, no digamos si se trata de una tramitación por vía urgente, tanto si pide una sencilla oferta económica como si se trata de una propuesta técnica exhaustiva que, a la postre, tiene un valor en la puntuación final bastante limitado en comparación con las valoraciones objetivas ya referidas. Este hecho es relevante hasta el paroxismo ya que podría darse el caso —y esto es verídico y verificable— de que una oferta valorada con un cero (0) en la parte técnica termine resultando adjudicataria por resultar la propuesta más “beneficiosa” para la Administración. No podrán decir después que se busca la excelencia desde los organismos públicos.
Rechina, siempre rechina, el discurso público de los gobernantes frente a la contundente y desesperanzadora realidad del papel. Hay un alarde generalizado desde los micrófonos públicos con el que se falsea la realidad que se esconde detrás de las licitaciones y no es otra cosa que la preponderancia del precio sobre cualquier otro factor. Si la ley establece, con buen criterio, que debe objetivarse lo máximo posible la valoración de un concurso, la Administración debe ser capaz, pues tiene técnicos cualificados para hacerlo, de establecer parámetros reales y objetivos que capaciten a la mesa de contratación para valorar la parte técnica de una propuesta de forma idénticamente objetiva. No niego que puedan, y probablemente deban, existir valoraciones sometidas a juicio de valor, esto puede ser un hecho incluso saludable para evitar la mediocridad dentro de la corrección. Y que el peso de este apartado no deba ser muy elevado para evitar conflictos, también puede ser comprensible, aunque es discutible porque, tal y como vengo defendiendo sistemáticamente contra el parecer de la Administración, que tiende a huir de la confrontación en el ámbito de la transparencia, cualquier atisbo de duda —sea la que sea— sobre una valoración técnica sometida a juicio de valor se resuelve con la publicación de las propuestas y de las valoraciones realizadas por los técnicos de la Administración. Pero, si esta publicación abierta parece insuficiente y puede generar incertidumbre, existen hoy en día métodos contrastados y tecnología más que probada que indudablemente garantizarían la validez de una valoración de estas características. Es tan sencillo como desarrollar una evaluación ciega por pares, tal y como se viene haciendo en el ámbito científico: hay dos mesas de contratación independientes que no se conocen entre sí y que juzgan técnicamente la propuesta según los criterios preestablecidos sobre la base del anonimato del proponente. A partir de ahí pueden sumarse las valoraciones, ponderarse, etc., lo que se considere; y no sirve el argumento de que se puede retrasarse el resultado, no. Como indicaba anteriormente hay ocasiones en que la Administración tarda en resolver por el actual método años, literalmente —cuestión esta verídica y verificable—. Además, el establecimiento de una baremación pormenorizada —cosa que la Administración suele hacer— inteligible, descriptiva, detallada, razonada, sensata y argumentada —en esto falla considerablemente— facilitaría mucho las cosas tanto para el licitador como para el supervisor. Imagino que esto requiere un gran esfuerzo por parte de la Administración en un primer término y la posterior aprobación y validación de los organismos interventores de la propia Administración, pero no me cabe duda de que querer es poder… ¿se quiere? A veces resulta incomprensible que la Administración consienta estas barbaridades porque, al final, terminan destruyendo por asfixia económica el débil tejido empresarial de prácticamente cualquier sector. La explicación es sencilla y puedo demostrarla por mi propia experiencia. Tras 18 años de profesión puedo asegurar que cada vez necesito desarrollar más proyectos para poder soportar la carga de gastos del equipo, aunque el volumen de servicios prestados para el resultado final sea mayor económicamente que el de antaño. Es decir, estamos haciendo más trabajo por menos dinero, respondiendo, eso sí, a exigencias cada vez mayores que con profesional responsabilidad —e indignación— asumimos. Sería realmente magnífico que alguien comprobase si el dinero que se ahorra inicialmente la Administración en estos procedimientos concurrenciales, termina revirtiendo positivamente en la sociedad o si, estas ofertas imposibles provocan que el coste final del servicio o de la obra se vea incrementado provocando un sobrecoste en la misma a consecuencia de arreglos, reparaciones, rectificaciones, etc., que se resuelven mediante la aplicación de toda suerte de triquiñuelas legales para aherrojar dinero en esas licitaciones que nacieron con graves problemas económicos. Lo veremos en un ejemplo…
Fotografía de Olya Kobruseva en www.pexels.com
En Palermo a 3 de octubre de 2021.
Rubén Cabecera Soriano.
@EnCabecera
https://encabecera.blogspot.com.es/
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