El Consejo de Ministros del Gobierno de España decidió el pasado 14 de febrero de 2023 tal y como se publica el 15 de febrero de 2023 en el “Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023”, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1080 euros brutos en 14 pagas mensuales que vienen a significar aproximadamente 15.120 euros brutos anuales. El Gobierno presenta esta medida consensuada, al parecer, con los sindicatos CCOO y UGT. Entiendo que la patronal se queda al margen. Menudo error no aceptar esta subida por parte de los empresarios y lo digo yo que lo soy, y lo digo con conocimiento de causa tal y como explicaré un poco más tarde. Esta nueva remuneración es de aplicación “tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, y también para las empleadas y empleados del hogar”. Es interesante la matización final —al margen del uso incorrecto hoy en día del género en las palabras— que se extrae de la rueda de prensa que ofreció el Gobierno tras el citado Consejo porque busca hacer hincapié en los sectores más desfavorecidos de la economía. Y no puedo estar más de acuerdo. La aplicación de esta medida supone un incremento con respecto al año anterior del 8% y fue de aplicación con carácter retroactivo. Y no puedo estar más de acuerdo. Analizando los datos, es fácil comprobar que en los últimos cinco años el Gobierno ha incrementado el SMI en un 47%. Y no puedo estar más de acuerdo.
Por supuesto que el sueldo que un trabajador recibe debe ser acorde al coste de la vida, pero también el hecho de que el sueldo percibido sea digno propiciará reflexiones más o menos sesudas en aquellos que consideren que es más rentable no trabajar y cobrar subsidios que hacerlo. Al menos, si deciden no trabajar —con todos los matices del mundo— o prefieren no buscar empleo en una sociedad como la nuestra, que los números que hagan no les resulten rentables y les predisponga a una búsqueda activa de empleo.
Sin embargo, parece que al Gobierno se le olvida hacer una reflexión sumamente importante que desgraciadamente no afecta a la mayoría de la población, por lo tanto, el número de votos puestos en juego no es extraordinario y, en consecuencia, no relevante para ellos: lástima que se evidencie con tanta impunidad el interés subyacente. Se trata de los profesionales libres autónomos o con pequeñas empresas que se enfrentan en el día a día a honorarios no a sueldos —el término aquí difiere con respecto a la remuneración de los trabajadores— absolutamente indignos.
Veamos, la “Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, esto es, la famosa y terriblemente conocida en el sector de profesionales libre como Ley Ómnibus, trajo, entre otras consecuencias —algunas de ellas graves en lo referente al intrusismo— la liberalización de honorarios en prestaciones de servicios en el ámbito europeo, haciéndose referencia específica al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que pasó a ser el 57. En este se dice que:
“… se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.
Los servicios comprenderán, en particular:
actividades de carácter industrial;
actividades de carácter mercantil;
actividades artesanales;
actividades propias de las profesiones liberales.
Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado miembro donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales”.
Esto ha venido a significar, en resumen —aunque deseo que no fuese la intención del legislador—, que se puede cobrar lo que uno quiera a la hora de prestar un servicio dentro del ámbito europeo. Y eso es una barbaridad. Sencillamente una barbaridad. Al igual que lo es no disponer de un salario mínimo digno. Por supuesto y ni que decir tiene que, si en el sector público se produce esta situación, en el sector privado no es menos terrible e ignominioso, pero hoy toca la crítica a lo público en base, precisamente, a la decisión —correctísima en mi opinión— de lo público de subir el SMI.
La administración propicia de forma sistemática un escenario degradante en sus numerosas licitaciones que se fundamentan, entre otras cosas, en el precio como elemento determinante en la adjudicación y terminan socavando la excelencia de los trabajos al estar supeditada la adjudicación a una oferta económica a la baja que puede justificarse si la mesa de contratación la considera desproporcionada mediante informe técnico. Reflexionemos acerca de este asunto. En general los pliegos establecen una fórmula en función del número de licitadores para el cálculo de la puntuación que genera la baja ofertada. Esta fórmula es función del número de licitadores y de la oferta de cada uno de ellos. La administración presupone de forma pueril que el licitador estudia la contratación para que pueda ser rentable. No es verdad, por dios, ¿nadie se ha dado cuenta? —es, por supuesto, una pregunta retórica—: el licitador estudia la licitación para ganarla y hace la mejor propuesta técnica que puede y hace la mejor oferta económica que considera necesaria para ganar el concurso. Y considera la providencia divina para el después. No se evalúan los costes en profundidad ni los distintos elementos a soportar económicamente, se analiza la fórmula y se establece una baja estimada en función de parámetros tan subjetivos como los que la administración evalúa. Es imposible hacer una evaluación económica seria de una licitación y pretender ganarla con la oferta económica ajustada a la realidad por una sencilla razón: la administración licita de partida y en términos generales por debajo del coste real que supone desempeñar el servicio. No es una cuestión de libre mercado o de libre competencia o de autorregulación del propio mercado. No es verdad. No es así. La experiencia lo demuestra de forma tozuda y sistemática. La lástima es que al final salen las cosas —aunque es discutible su excelencia—, normalmente a base de un angustia ímproba de los sufridos adjudicatarios, seguramente por sentirse responsables del uso del dinero público. Y ojo, que no pretendo lanzar una visión buenista de los licitadores. Me limito a hablar con cierta experiencia a mis espaldas.
Me imagino a un sinnúmero de economistas, analistas, peritos y especialistas en distintas ciencias —igual estoy equivocado, pero ese es mi deseo— reunidos en sesudas sesiones de trabajo con los agentes sociales intentando dilucidar el SMI que debe aplicarse a los trabajadores para asegurar un mínimo de dignidad laboral y evitar la ruina de los empresarios. Pero parecen olvidar que el recorrido del dinero tiende a la circularidad —salvando los expolios de los más adinerados y de los ventajistas—, de modo que el dinero que percibe un asalariado sirve para comprar productos y para contratar servicios. En el apartado de los productos poco tengo que decir pues mi conocimiento es limitado, pero en el de la contratación de los servicios, si esta se hace por debajo del coste, la consecuencia inmediata es la miseria e indignidad y como corolario, la pérdida de excelencia.
Creo que es evidente que el Gobierno, los Gobiernos, deben reflexionar y evitar a toda costa situaciones esperpénticas en las que se liciten servicios con precios por debajo de coste y se premien bajadas —hoy en día desgraciadamente necesarias— en las ofertas a dichos servicios. Creo que es imperioso que exista un estudio serio que establezca, al igual que lo hay para el salario mínimo interprofesional, unos honorarios mínimos interprofesionales, abreviado podría ser HMI —disculpen mi falta de originalidad— que se aplicase a todos los servicios. Recuerden los más experimentados del lugar que algo parecido ya existía con los colegios profesionales y sigue existiendo en ciertos ámbitos, como los jurídicos. Si esto supone que todos cobraremos ese mínimo ya que este puñetero libre mercado propiciará ese escenario, bienvenido sea, aunque se ponga en tela de juicio la competencia económica, pues creo que la dignidad debe estar por encima. Se lo aseguro porque ahora se trabaja por debajo de ese mínimo de decencia.
Evolución del salario mínimo interprofesional. Fuente: www.lamoncloa.gob.es, 2023.
En Mérida a 8 de octubre de 2023.
Rubén Cabecera Soriano.
@EnCabecera
https://encabecera.blogspot.com.es/
Entradas
