El 4 de junio de 2012 se publica en el Boletín
Oficial del Estado la Orden del Ministerio de Hacienda HAP/1182/2012, de 31 de
mayo por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
Esta orden permitía la realización de una “declaración
tributaria especial”, que es un circunloquio para indicar que se permite la
afloración de bienes o derecho no
declarados a 31 de diciembre de 2010. Esta declaración especial producía unos
efectos (Artículo 6) sumamente inquietantes o interesantes, según se mire:
Tributando esos bienes o derechos al 10% -aunque finalmente ni tan siquiera se
llegó a esa cifra- las personas o entidades que realicen el ingreso
correspondiente “regularizarán su
situación tributaria respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no
Residente, según proceda”. Bien vista esta circunstancia, tenía la
esperanza de que el Gobierno no realizase ninguna campaña de concienciación
para convencernos a todos los españoles de que Hacienda somos todos o frases publicitarias de ese calado que tan
bien quedan en los carteles de las autovías españolas, pagadas, por cierto, con
los impuestos de los que sí declaramos religiosamente nuestros ingresos, y
utilizadas también, sin embargo, por los que decidieron que les era más
rentable engañar al fisco. Al menos el gobierno no ha tenido la desfachatez de
publicitarse como adalid recaudatorio de los españoles, habría sido el colmo.
Por descontado, todo son facilidades para presentar dicha declaración: Puede
hacerse telemáticamente, se dio un plazo más que razonable, el BOE incorpora un
modelo para que nadie tenga dudas si debe utilizarse el tradicional modelo 750
u otro especial. En fin, una invitación a quedar bien con el estado a un precio
muy económico que permite dormir tranquilos a los defraudadores. Llama
poderosamente la atención el apartado en que se hace referencia al dinero
efectivo –dinero negro, B, o cualquier otra designación que se nos ocurra-,
pues bien, dice así: “… será suficiente
la manifestación, a través del modelo de declaración, de ser titular del mismo
con anterioridad a 31 de diciembre de 2010.” ¿Tan fácil? Pues sí, tan
fácil. Sin palabras.
En mi humilde opinión esto es una clara
invitación para que todos obremos de idéntica forma, es decir, si en
condiciones normales debemos pagar impuestos tipo IVA que van del 4% al 21%,
sufrimos retenciones sobre nuestro trabajo –aquellos con la suerte de poder
trabajar- que llegan hasta el 47%, sin perder de vista otros impuestos como el
IBI, tasas municipales, etc., a sabiendas de que antes o después el gobierno de
turno decretará una amnistía fiscal, solo hay que esperar para que, llegada la
susodicha, nuestras rentas queden perfectamente regularizadas. Al fin y al cabo
así es mucho más barato. Tal vez tenga que pagarme mi propia sanidad –tendencia
que parece ir concretándose cada vez más- y seguramente deba llevar a mis hijos
a colegios privados –para cuando les toque es posible que ya ni existan
colegios públicos-, pero bueno, supongo que tendré más dinero para hacerlo
porque habré dejado de pagar impuestos. Tal vez el único problema algo más
grave sea el de las carreteras, pero, bien pensado, si no tenemos carreteras o
las que hay se convierten en inservibles porque no hay dinero procedente de la
recaudación de impuestos de todos para mantenerlas, con no coger el coche es
suficiente, seguro que a algún iluminado –del gobierno de turno- se le ocurre
la genial idea de decir que esto es positivo para el cambio climático.
Y, por favor, que no me vengan diciendo que
estos del PP se las gastan así, porque es verdad, se las gastan así, pero ya
hubo otras amnistías fiscales llevadas a cabo por el PSOE de la mano de Felipe
González con sus acólitos Boyer y Solchaga en 1984 y 1991 respectivamente. Así
pues, ni tan siquiera el recurso de inconstitucionalidad presentado por el
partido socialista ante esta última acción fiscal del partido popular le salva
de la quema, aunque más adelante podrá comprobarse qué papel puede llegar a
jugar dicho recurso.
Solo hay una cosa que me inquieta, al tiempo
me asombra, y no alcanzo a entender cómo ha podido escapárseles a estos
ministeriales –me gustaría pensar que no ha sido casualidad, aunque la
explicación tardará aún algo en llegar-. Se trata de que, aquellos que han
procedido con la regularización de sus bienes, si la actividad que generó ese
capital era ilícita son susceptibles de ser perseguidos. A nadie se le escapará
que esta medida fiscal promovida por el Gobierno ha generado un agujero –negro,
sin lugar a dudas- por el que se han colado ingresos procedentes del
narcotráfico, de la trata de personas, de la venta de armas, de la corrupción y
de toda suerte de actividad delictiva. Pues bien, resulta que si el dinero que
regularizas procede de una de esas actividades ilícitas la amnistía tiene
límites y pueden perseguirte… Faltaría más. En caso contrario, el supuesto que
planteaba hace unas líneas se convertiría en Ancha es Castilla y todos a delinquir a diestro y siniestro, a
extorsionar, a secuestrar, a asesinar, a vender drogas y armas, a desfalcar,
etc., que, después, con la amnistía fiscal de papá gobierno todos nos limpiamos;
algo así como lo que ocurre con la bendición “Urbi et Orbi” del papá quien, dos veces al año, por la gracia
divina concedida divinamente, nos perdona todos los pecados cometidos así,
porque sí, con algunas limitaciones establecidas por el Derecho Canónico, eso
sí, tal y como ocurre con la amnistía fiscal. Estoy deseando ver al próximo
presidente del gobierno español asomarse a una ventana del Ministerio de
Hacienda y, haciendo ostentosos e histriónicos gestos, perdonar todos los
delitos fiscales, o no, de los presentes –téngase en cuenta que ya ocurre algo
parecido con los indultos propuestos por los cofrades durante la semana santa-.
Pues bien, al parecer esta amnistía solo es de
carácter fiscal –lástima la estrechez de miras del gobierno- y ahora algunos se
llevan las manos a la cabeza al comprobar cómo el señor Rato es detenido porque,
presuntamente –como no podía ser de otro modo-, ha cometido algún delito para
obtener el dinero con el que se vanagloria –en círculos privados- de haberse
acogido a esa amnistía que su colega y compañero, el señor Montoro, promovió en
2012. Pero como mi mente es retorcida y mi desconfianza hacia la clase política
alcanza, si no supera, la media española, mucho me temo que esto no sea más que
un espectáculo preelectoral que le viene maravillosamente bien al partido
popular y que terminará con el señor Rato recuperando algún asiento en el
consejo de dirección de alguna empresa depositaria de los favores del gobierno,
habiendo escapado impunemente del proceso judicial al que se verá sometido
aduciendo inseguridad jurídica al no ser suficientemente específica la Orden
Ministerial aprobada en el 2012 y existir un recurso de inconstitucionalidad
presentado por el PSOE, así como por el uso que la Agencia Tributaria pueda
hacer de la información declarada en el proceso de regularización. Valoren
ustedes.
Fotografía: El Mundo.
Mérida a 19 de abril
de 2015.
Rubén Cabecera
Soriano.
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