El funcionario.

Sí, soy funcionario. Soy el último funcionario.

Hace poco tiempo que se jubiló mi compañero. Sólo quedábamos nosotros dos, ahora soy sólo yo. Fuimos colegas durante más de cuarenta años, en realidad me considero en parte su discípulo; cuando yo me incorporé él ya llevaba algún tiempo desempeñando trabajos para la administración. Al principio de mi carrera, cuando éramos más de mil, fíjense ustedes qué cifra, solíamos ir a tomar el café juntos. Aprovechábamos los diez minutos que teníamos disponibles, transcurridos estos, si no habíamos sido escaneados en nuestra reincorporación al puesto de trabajo, descontaban el veinte por ciento de nuestro sueldo de manera automática. Eso la primera vez, la segunda, se incoaba un expediente sancionador que en el mejor de los casos terminaba con suspensión de empleo y sueldo por una buena temporada. No había tercera.

Según fuimos siendo reducidos en número, nos separaron y ya no volvimos a coincidir, pero una nota interna del ministerio de gobernación, cuyas funciones estaban externalizadas en una empresa privada, que me llegó hace unos días decía que ya era el único funcionario trabajando. Se atrevieron a entrecomillar trabajando.

Releyendo algo de historia descubrí que, hace ya algún tiempo, el número de funcionarios era realmente elevado alcanzando cifras desorbitadas para lo que yo llegué a conocer. Por aquel entonces los funcionarios parece ser que eran esencialmente denigrados por sus vacaciones, sus horarios, su inmunidad en la dejadez de funciones, su falta de rendimiento y por su estabilidad laboral. Transcurrían épocas de bonanza económica. Algún tiempo después, la situación de crisis global hizo que al malestar general que provocaba el hecho de que alguien fuese funcionario se añadiese el factor económico. Mucha gente cayó en paro y otros perdieron poder adquisitivo al ver reducida su jornada laboral. Los gobiernos no sabían cómo afrontar el gasto y las entidades financieras creaban dinero sostenido en el endeudamiento de los países y las personas para incrementar la riqueza de unos pocos. En este escenario los funcionarios se convirtieron en unos auténticos privilegiados cara al resto de la sociedad. Los gobiernos vieron en la estabilidad del colectivo un foco de represión y distracción e intuyeron que ellos mismos no se revelarían en demasía si recaía sobre ellos parte del peso de los recortes. La demagogia fue el instrumento utilizado por los políticos para justificar el esfuerzo económico al que se les sometió y al más mínimo indicio de revuelta sencillamente convocaban una rueda de prensa para poner de manifiesto los privilegios que seguían teniendo y desmentir la crudeza de las acusaciones que hacían a la clase política desde las organizaciones de defensa de esa clase trabajadora. Fue una operación bien orquestada y muy sencilla frente a la que poco podían hacer los funcionarios; la verdad sólo la conocían ellos, el resto estaba cegado por las inquinas lanzadas por los políticos para desviar la atención de lo realmente importante, que no era otra cosa sino ocultar la impotencia política frente a las organizaciones más poderosas que no tenían remordimiento alguno en seguir empobreciendo a la ciudadanía sin diferenciar funcionarios de no funcionarios o trabajadores de parados. Bien es verdad que los políticos convinieron que si el país empobrecía a marchas forzadas, mantener a los funcionarios con esa estabilidad económica generaría una situación de envidia y egoísmo social mayor que podría tener consecuencias desastrosas: “Razones de estado” llegó a confesar algún político retirado cuando fue preguntado por esa actuación tan beligerante contra los trabajadores del sector público. Los funcionarios fueron, literalmente, castigados y nadie reparó en las consecuencias posteriores que esta situación vendría a provocar.

Los gobiernos decidieron amortizar todas la plazas públicas con la idea de calmar el clamor popular que se había generado ante las que denominaban “ventajas” del funcionariado. Eliminarlas les abrió las puertas a su oscuros fines que no eran otros que dejar de prestar servicios a costa del erario público y privatizarlos externalizándolos. La cuerda se tensaba, pero el número de funcionarios se reducía según pasaban los diferentes gobiernos. Alguno que otro incluso pretendió cambiarles los estatutos y “modificar” sus derechos arguyendo la necesidad de equilibrarlos con sus deberes. Fue un esfuerzo que en seguida vieron supondría un gran desgaste y desistieron: La paciencia fue la mejor forma de afrontar la situación.

Mientras procuraban privatizar los servicios, incrementando los ingresos en las arcas de la nación con la venta de las infraestructuras asociadas que habían sido pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos, se encontraron con que algunos puestos debían ser cubiertos en el proceso. Recurrieron a interinidades que contrataban en condiciones casi esclavistas. De otra parte, nadie pareció caer en la cuenta de que esas infraestructuras pagadas por todos, que pasaban al sector privado para prestar los mismos servicios, o parecidos, tendrían que ser pagados nuevamente por los ciudadanos, por quienes pudiesen, claro está. En cambio, los gobiernos se jactaron en decir que se estaban creando prácticamente los mismos puestos de trabajo en el sector privado que los que dejaban de crearse desde las administraciones, según los servicios eran adquiridos por distintas empresas, mientras que las cargas económicas que las administraciones soportaban por los funcionarios contratados se veían reducidas de forma exponencial. Ciertamente se crearon puestos de trabajo, pero el número fue sustancialmente inferior. Cuando los políticos debían responder a esas cuestiones, si no convencían los desmentidos, recurrían nuevamente a la consabida demagogia, argumentando que en la empresa privada el rendimiento del trabajador estaba mucho más controlado y era mayor. Estadísticamente se demostró con facilidad la falta de veracidad de tales aseveraciones, la realidad es que el servicio era prestado a menor número de personas porque, sencillamente, no podían costeárselo, con lo que tampoco era necesario un gran número de trabajadores. Además hubo un gran número de prestaciones sociales que básicamente desaparecieron, no eran rentables. Al poco tiempo el gobierno detectó que los servicios fundamentales tales como policía, bomberos o justicia debían ser de algún modo regulados y controlados, aunque sus trabajadores no respondiesen directamente a la administración ya que la situación se volvía insostenible por momentos. Sólo los barrios ricos tenían seguridad, las zonas pobres de las urbes eran un foco de rateros y asesinos incontrolados. Las diferencias entre las clases sociales se acentuaron hasta la extenuación de los más desfavorecidos que hacía tiempo habían dejado de recibir asistencia hospitalaria y educación.

La posición del gobierno central, cada vez más mermado en sus competencias, era siempre la misma: “Los datos dicen que la esperanza de vida se ha incrementado” y demostraban que “el nivel de formación de los estudiantes es cada vez mejor”, pero como siempre la realidad era muy distinta y es que esos datos sólo se daban en las clases poderosas. Los barrios marginados, que ocupaban la mayor parte de las ciudades, estaban llenos de gente hambrienta, sin formación y con una mermada calidad de vida por la ausencia de la más mínimas condiciones higiénicas. El dinero compra todos los servicios, si no hay dinero, no hay servicios. En los últimos años ningún presidente del gobierno salió de una escuela pública, mientras las hubo hasta que finalmente desapareció. En los últimos años el número de hospitales traspasados a empresas privadas se incrementó hasta que la sanidad pública se volatilizó.

La inexistencia de servicios sociales terminó por hacer desaparecer las administraciones locales que dejaron de ser necesarias, pasando el control al gobierno central que externalizaba cada vez más sus funciones al no disponer de personal con que desarrollarlas. Las empresas privadas, cada vez más poderosas, comenzaron a tomar de forma directa las decisiones, ya no era necesario que utilizasen ambages para dirigir el país, podían hacerlo directamente, sin ningún tipo de miramiento y cara al público, que no tenía forma de manifestar su opinión al respecto, al menos la mayoría perteneciente a las clases más pobres.

Aun así los sucesivos gobiernos mantuvieron un reducido número de funcionarios en plantilla para los casos más necesarios de servicios, aunque estos no eran ya sociales, sino más bien de carácter internos. Las condiciones laborales de las plazas concursadas fueron cada vez peores, hubo un claro recorte de derechos que no fue posible impedir. La pruebas que se exigían hacían que el número de candidatos interesado prácticamente fuese inexistiese, entre otras razones porque la formación exigida sólo era posible obtenerla en las universidades, todas privadas, y al alcance sólo de los privilegiados, que evidentemente no estaban interesados en los emolumentos ofrecidos por el gobierno en esos puestos. De modo que, de manera más o menos transparente, el criterio de las sucesivas administraciones seguía siendo reducir cada vez más la función pública, permitiéndose constantemente la justificación de las medidas ante la falta de candidatos. Hasta mi situación. Soy el último.

Mi querido compañero me contó en una ocasión una leyenda que decía que el odio furibundo a los funcionarios nació cuando un ciudadano fue mal atendido por un empleado público y al llegar a casa comentó a su mujer: “Hoy me han atendido muy mal los funcionarios de la administración, no he podido hacer las gestiones que necesitaba para abrir mi empresa. Es vergonzoso con lo que se les paga, pero si trabajan para mí; claro como nadie les puede hacer nada, así pueden seguir hasta que se jubilen, tranquilamente en sus sillas, sin dar ni golpe”. El leve, pero letal error que cometió ese ciudadano fue confundir al individuo con el colectivo público. Nunca más volverá a pasar, ya no habrá funcionarios cuando yo me retire.
  


Rubén Cabecera Soriano.

Mérida a 27 de enero de 2012.

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