Las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo Español acerca de la
ausencia de Ley de transparencia -… acceso a la información pública y buen gobierno,
que siempre tenemos que apostillar en España aquello que ya otros inventaron-
supusieron un gran revuelo que caló profundamente en la sociedad –entre risas y
jolgorios-. Según indicó este alto cargo, esta falta de legislación en un
aspecto tan importante y preocupante para la ciudadanía supone “[…] Una laguna injustificable en el
ordenamiento jurídico español que va a obligar a la necesaria rendición de
cuentas de la Administración, y de todos los cargos públicos, electos y
no electos […]”. El primer pensamiento que nos ofrecen estas palabras
resulta ser un triste y evidente corolario deducible de forma directa e
inmediata: Entonces, ¿hasta ahora la
administración y los cargos públicos, electos y no electos, no han rendido
cuentas? Por desgracia esto no es un pensamiento retórico, ni tan siquiera
una reflexión demagógica, se trata de un hecho más que constatable al tenor de
los acontecimientos que nuestra imparable sociedad de la información viene
poniendo de manifiesto frente a la decimonónica actuación de nuestro sistema –
a pesar de que nosotros lo estrenamos hace menos de cuarenta años-. El segundo
pensamiento, tal vez e increíblemente más grave aún, es el que nos lleva a
pensar irremediablemente que, dando por veraz la primera deducción, ha existido
una impunidad total por parte de aquellos que, al existir “[…] Una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español
[…]”, decidieron hacer de su capa un sayo y ocultar procedimientos,
manipulaciones, malversaciones, tráfico de influencias y toda suerte de
comportamientos “anómalos” –recuérdese que no tenemos aún ley de transparencia-
para beneficio propio o de sus interesados congéneres y amiguitos.
El Congreso de los Diputados, maleducada e irrespetuosamente vacío, en
sesión celebrada el 30 de mayo de 2013, discutió y permitió, tras ciertas
concesiones en forma de enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos
parlamentarios no gobernantes –retiradas para “consuelo” de los expectantes
ciudadanos que encontrarán una aprobación consensuada de la Ley-, que esta Ley
de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo proyecto aprobó el partido mayoritario
hace casi un año, siga su proceder. Es verdad que encontramos en el proyecto de
Ley grandilocuentes frases y no menores intenciones, sin embargo la sensación
de que no se trata más que de un proceder para un lavado de cara no me deja de
rondar la cabeza. El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de las
Cortes Generales, correspondiente a la X Legislatura, con referencia al “Proyecto
de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, de
la sesión plenaria núm. 111 celebrada el jueves 30 de mayo de 2013 dice con
respecto al resultado de la votación –decido saltarme la argumentación que hace
el representante de uno de los partidos acerca de la justificación del silencio
administrativo negativo por banal, pero invito a que sea leída por chistosa y
divertida-:
AVOCACIÓN
POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, pedido por diversos grupos, la avocación del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 1 voto telemático, 321; a favor, 320; en contra, 1 voto telemático.
El señor PRESIDENTE: El voto emitido telemáticamente me han dicho que ha sido un error.
Queda avocado a Pleno.
Es decir, de los 350 diputados que tiene el Congreso emitieron su voto 320
–el telemático parece que fue un error-; todos a favor. Consenso: magnífico,
democrático, maravilloso, pero una lectura pormenorizada de ese acta resuelve
lo que anticipaba previamente, esto es, la anulación “pactada” de las enmiendas
y lo que es más grave, la falta de compromiso de los parlamentarios. Me
explico: en el momento de la votación el número de asistentes es elevado, pero
las imágenes que ofrecen los medios de comunicación sobre las discusiones de la
sesión plenaria previa debería avergonzar a los representantes políticos, ya
que a duras penas se llenaba la mitad del hemiciclo. Sin embargo, voy más allá:
todas las votaciones de las enmiendas previas –que pueden consultarse en el
Diario de Sesiones- reflejan un porcentaje de voto exquisitamente idéntico, lo
cual denota una paridad de criterios entre los diputados memorable o bien una
férrea disciplina de partido –que también puede ser efecto colateral de ese
sectarismo con el que parecen funcionar los partidos políticos-. En cualquiera
de las dos circunstancias y, a la vista de nuestra futura “Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, me gustaría
lanzar una propuesta –ya sé que no tiene condición de enmienda, aunque puede
que alguien quiera presentarla como iniciativa legislativa popular- que es la
de reducir el número de diputados por partido a uno, con el porcentaje de
representación correspondiente que en las urnas le haya sido otorgado a su
partido por los ciudadanos, claro está –en eso no se puede dejar de ser
democrático-. Con este sencillo ejercicio de responsabilidad democrática y, a
la vista de la falta de opinión, reflexión y de juicio propio e individual que manifiestan
los diputados de los diferentes partidos, incapaces de manifestarse en contra
de las líneas ideológicas de los mismos y por tanto, siempre fieles al
pensamiento común, conseguiríamos economizar las manidas y escuetas arcas
estatales, otrora tan rebosantes, que podríamos hacer extensible a otros
órganos constitucionales, con lo que tal vez, solo tal vez, lograríamos el
mismo nivel de transparencia, pero un ahorro infinitamente mayor.
Rubén Cabecera Soriano
Mérida a 8 de junio de 2013.
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